Empresa barranquillera denuncia el embargo de sus cuentas por multas que ya fueron pagadas
La Secretaría de Movilidad de Bogotá es la entidad que las embargó.
Una empresa barranquillera denunció que la Secretaría de Movilidad de Bogotá le embargó sus cuentas por unas multas de tránsito que argumenta la organización ya pagó.
“Nuestra empresa entre el 2022 y el 2023 tuvo un vehículo a su nombre rodando en Bogotá, el cual generó dos comparendos por exceso de velocidad. Dichos comparendos fueron pagados en su momento con el 50% de descuento, se hicieron los cursos. De hecho, si usted entra con el Nit de nuestra empresa, en el Simit no aparece ninguna deuda a la empresa por ese concepto”, dijo Ariel De Ávila, representante legal de la empresa barranquillera Gestión y Finanzas.
Lea también: Díaz-Balart advirtió que el nombre de Petro podría surgir en el proceso contra Maduro
De Ávila, adicionalmente, indicó que además del embargo de las cuentas le debitaron de una de ella la suma de $1.171.200 porque “supuestamente no hemos pagado las multas, pero sí las pagamos”.
Añadió que tiene las cuentas embargadas desde el pasado 4 de agosto y han elevado derechos de petición a la Secretaría de Movilidad, al Ministerio de Transporte y a la Superintendencia porque la falta de comunicación entre la Secretaría de Movilidad con el Simit lo está afectando.

“Las cuentas están bloqueadas con dinero propio y hasta de clientes. Eso no nos ha dejado trabajar y no nos deja facturar”, dijo.
El Simit es el Sistema Integrado de Información de Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito o plataforma, administrada por la Federación Colombiana de Municipios, para centralizar todos los comparendos, multas y sanciones impuestos por una autoridad de alguna ciudad o población y se pueda ver a nivel nacional.
Este caso en particular vuelve a abrir el debate sobre la utilización de las fotomultas y que el pasado mes de agosto el ministerio de Transporte anunció una revisión integral del funcionamiento de detección de presuntas infracciones a nivel nacional.
“La detección electrónica debe prevenir siniestros y salvar vidas, no convertirse en un mecanismo de recaudo a costa de los ciudadanos. Revisaremos a fondo su funcionamiento en todo el país y, donde encontremos abusos o irregularidades o incumplimientos, actuaremos con la contundencia que corresponde”, afirmó en su momento la ministra de Transporte, Elsa Noguera.